Los abajo
firmantes padres, madres, alumnado y profesorado de la comunidad educativa de San Bartolomé de Tirajana exponen
lo siguiente:
Las decisiones
que están adoptando la mayoría de los gobiernos de recortar el gasto social,
ponen en riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de todos, al que apenas los
ciudadanos españoles nos hemos ido acercando estos últimos años. El Estado del
Bienestar tiene su base en la existencia de unos servicios públicos de calidad,
universales, accesibles y que respondan con eficacia a las necesidades de las
personas, sobre la base del principio de igualdad. Consideramos que los
servicios públicos de interés general son fuente de desarrollo económico,
creación de empleo, prosperidad y cohesión social puesto que sin servicios públicos no pueden
atenderse las necesidades de la ciudadanía en el mundo actual.
El mantenimiento de las
políticas sociales y de igualdad es un principio y un derecho irrenunciable. Sin
embargo, tras cuatro años de profunda crisis
económica, se sigue argumentando
que, para salir de ella, se requiere una reducción del gasto social y una
minoración de los sistemas fiscales y, en definitiva, una menor presencia de la
actuación de los poderes públicos y una menor inversión en los servicios
públicos. El resultado es evidente: cada vez estamos peor. Ese no es el camino.
Además, todos
los expertos indican que el gasto en Educación es la mejor inversión posible
para el futuro de los pueblos, y más aún en un país como el nuestro, que llegó
tarde al desarrollo de las sociedades europeas avanzadas y que, hasta hace
pocos años, tenía muy graves carencias educativas, incluso en la formación
básica de la ciudadanía.
En la
actualidad la enseñanza pública llega a todos los rincones de nuestro país,
desde la isla más pequeña hasta el pueblo más aislado de las montañas, desde el
centro de las ciudades hasta sus barrios más alejados, es decir, allí donde
nunca será rentable para la iniciativa privada. Es la que asegura la
escolarización de toda la población allá donde esté.
En definitiva,
la enseñanza pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la
cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración
de toda la sociedad en un objetivo común y el progreso individual y social de todos,
no de unos pocos.
Los recortes en la educación pública resultarán
tanto en el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado como la
calidad de la enseñanza. Estos recortes, según el • Real
Decreto - Ley 14 /2012, de
20 de
abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, son los siguientes:
• Las Administraciones educativas podrán ampliar hasta un 20 por 100 el
número máximo de alumnos por aula, en la educación primaria y secundaria
obligatoria.
• La parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que
imparte las enseñanzas en centros públicos y privados sostenidos con fondos
públicos será, como mínimo, de 25 horas
en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes
enseñanzas.
• En los centros docentes públicos, el nombramiento de funcionarios
interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá
únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que
da origen a dicho nombramiento, (es decir 15 días naturales). El período de
diez días lectivos previo al nombramiento del funcionario interino deberá ser
atendido con los recursos del propio centro docente.
• Los ciclos formativos de grado medio y grado superior cuya
implantación estuviera prevista para el curso escolar 2012-2013 se implantarán
en el curso escolar 2014-2015
• Subidas de las matrículas universitarias. Dicha subida será mayor
según se trate de la 1ª o sucesivas matriculas.
• Desaparición de los diversos programas de ayuda y refuerzo al
alumnado, etc.,
• Se congela la oferta de empleo público docente
• Se reducen gravemente las partidas para gastos de funcionamiento de
los centros educativos y las destinadas a infraestructuras y equipamiento.
Si el Gobierno de Canarias hace efectivas estas
medidas, esto supondría:
- Aumento de la ratio
- Disminución de grupos
- Aumento de las horas lectivas del profesorado
- Aplazamiento de la implantación de las nuevas titulaciones
- No se nombrará sustituto hasta pasados 10 días lectivos de cualquier
baja del profesorado
- BACHILLERATO: no será obligatorio ofertar dos modalidades en el mismo
centro y se impone una tendencia a eliminar optativas.
- Recorte en el gasto en programas educativos de ayuda y refuerzo al
alumnado (gratuidad de libros, desaparición de la Escuela 2.0, y puesta en
riesgo de los programas bilingües.
- Reducciones salariales del profesorado y recortes en otras
prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad, etc.
-
Grave reducción de las partidas
para gastos de funcionamiento de los centros educativos y las destinadas a
infraestructuras y equipamiento.
-
Reducción de becas y endurecimiento de requisitos
para conseguirlas.
-
Aumento de las tasas en las universidades.
- Retirada de la
financiación a las federaciones de madres y padres del alumnado.
- Recorte de las plantillas
de los centros y una fuerte reducción del profesorado interino
Ni los años de
bonanza ni la actual crisis económica han afectado a todos por igual. En los
años buenos, mientras muchos se enriquecían, los docentes y los profesionales
del sector público educativo tuvimos unos crecimientos retributivos modestos.
Los que realmente se beneficiaron entonces son los mismos que ahora pretenden
hacer cargar todo el peso de la crisis sobre los empleados públicos. No podemos
aceptar ni los recortes salariales ya aplicados, ni los nuevos que pretenden
aplicarnos, ni el empeoramiento de nuestras condiciones laborales, que además
van a impedir que más de 50.000 universitarios recién titulados se incorporen
en los próximos años al sistema educativo público. Se está condenando al paro
más absoluto, al subempleo o a la emigración a varias generaciones de jóvenes
formados en nuestras universidades. No podemos callarnos cuando estamos
despilfarrando la mayor riqueza de nuestro país, su capital humano, el mejor
formado que nunca hemos tenido en nuestra historia.
Entendemos que
hay que financiar adecuadamente la enseñanza pública, hay que protegerla de los
recortes presupuestarios y de las consecuencias de la mala gestión de la crisis
económica por lo que concluimos lo
siguiente:
- Que la
educación es una inversión, no un gasto. Por tanto, los recortes educativos
constituyen un gran error que hipotecará el futuro de varias generaciones de
jóvenes, más necesitados que nunca de formación.
- Que la
política de recortes es en realidad una estrategia para robar recursos a la
escuela pública en beneficio de los intereses privados.
- Que todas las medidas que se están tomando van
en contra del derecho a la educación y son anticonstitucionales. Por eso las
movilizaciones actuales van más allá de una lucha en defensa del profesorado.
Se trata del ataque a la escuela pública y a lo público, a lo común y a lo colectivo. Es un problema social que nos
compete a todos los ciudadanos.
Por todo ello,
la comunidad educativa de San Bartolomé
de Tirajana exige de ésta Consejería de Educación del Gobierno de Canarias;
del Gobierno de Canarias, así como del Gobierno del Estado lo siguiente:
El
mantenimiento sin condiciones de la enseñanza pública de calidad, y universal
tal como viene establecida en la Constitución Española y por tanto la retirada
inmediata de las normas reguladoras de los recortes educativos.
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