Manifiesto

Los abajo firmantes padres, madres, alumnado y profesorado de la comunidad educativa de San Bartolomé de Tirajana exponen lo siguiente:

Las decisiones que están adoptando la mayoría de los gobiernos de recortar el gasto social, ponen en riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de todos, al que apenas los ciudadanos españoles nos hemos ido acercando estos últimos años. El Estado del Bienestar tiene su base en la existencia de unos servicios públicos de calidad, universales, accesibles y que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad. Consideramos que los servicios públicos de interés general son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social  puesto que sin servicios públicos no pueden atenderse las necesidades de la ciudadanía en el mundo actual.

El mantenimiento de las políticas sociales y de igualdad es un principio y un derecho irrenunciable. Sin embargo, tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere una reducción del gasto social y una minoración de los sistemas fiscales y, en definitiva, una menor presencia de la actuación de los poderes públicos y una menor inversión en los servicios públicos. El resultado es evidente: cada vez estamos peor. Ese no es el camino.

Además, todos los expertos indican que el gasto en Educación es la mejor inversión posible para el futuro de los pueblos, y más aún en un país como el nuestro, que llegó tarde al desarrollo de las sociedades europeas avanzadas y que, hasta hace pocos años, tenía muy graves carencias educativas, incluso en la formación básica de la ciudadanía.

En la actualidad la enseñanza pública llega a todos los rincones de nuestro país, desde la isla más pequeña hasta el pueblo más aislado de las montañas, desde el centro de las ciudades hasta sus barrios más alejados, es decir, allí donde nunca será rentable para la iniciativa privada. Es la que asegura la escolarización de toda la población allá donde esté.

En definitiva, la enseñanza pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el progreso individual y social de todos, no de unos pocos.

Los recortes en la educación pública resultarán tanto en el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado como la calidad de la enseñanza. Estos recortes, según el • Real  Decreto - Ley 14 /2012,  de 20  de  abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, son los siguientes:

•       Las Administraciones educativas podrán ampliar hasta un 20 por 100 el número máximo de alumnos por aula, en la educación primaria y secundaria obligatoria.

•       La parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo, de 25 horas  en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas.

•       En los centros docentes públicos, el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento, (es decir 15 días naturales). El período de diez días lectivos previo al nombramiento del funcionario interino deberá ser atendido con los recursos del propio centro docente.

•       Los ciclos formativos de grado medio y grado superior cuya implantación estuviera prevista para el curso escolar 2012-2013 se implantarán en el curso escolar 2014-2015

•       Subidas de las matrículas universitarias. Dicha subida será mayor según se trate de la 1ª o sucesivas matriculas.

•       Desaparición de los diversos programas de ayuda y refuerzo al alumnado, etc.,  

•       Se congela la oferta de empleo público docente

•       Se reducen gravemente las partidas para gastos de funcionamiento de los centros educativos y las destinadas a infraestructuras y equipamiento.

 Si el Gobierno de Canarias hace efectivas estas medidas, esto  supondría:

-      Aumento de la ratio

-      Disminución de grupos

-      Aumento de las horas lectivas del profesorado

-      Aplazamiento de la implantación de las nuevas titulaciones

-      No se nombrará sustituto hasta pasados 10 días lectivos de cualquier baja del profesorado

-      BACHILLERATO: no será obligatorio ofertar dos modalidades en el mismo centro y se impone una tendencia a eliminar optativas.

-      Recorte en el gasto en programas educativos de ayuda y refuerzo al alumnado (gratuidad de libros, desaparición de la Escuela 2.0, y puesta en riesgo de los programas bilingües.

-      Reducciones salariales del profesorado y recortes en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad, etc.

-      Grave reducción de las partidas para gastos de funcionamiento de los centros educativos y las destinadas a infraestructuras y equipamiento.

-      Reducción de becas y endurecimiento de requisitos para conseguirlas.

-      Aumento de las tasas en las universidades.

-      Retirada de la financiación a las federaciones de madres y padres del alumnado.

-      Recorte de las plantillas de los centros y una fuerte reducción del profesorado interino

Ni los años de bonanza ni la actual crisis económica han afectado a todos por igual. En los años buenos, mientras muchos se enriquecían, los docentes y los profesionales del sector público educativo tuvimos unos crecimientos retributivos modestos. Los que realmente se beneficiaron entonces son los mismos que ahora pretenden hacer cargar todo el peso de la crisis sobre los empleados públicos. No podemos aceptar ni los recortes salariales ya aplicados, ni los nuevos que pretenden aplicarnos, ni el empeoramiento de nuestras condiciones laborales, que además van a impedir que más de 50.000 universitarios recién titulados se incorporen en los próximos años al sistema educativo público. Se está condenando al paro más absoluto, al subempleo o a la emigración a varias generaciones de jóvenes formados en nuestras universidades. No podemos callarnos cuando estamos despilfarrando la mayor riqueza de nuestro país, su capital humano, el mejor formado que nunca hemos tenido en nuestra historia.

Entendemos que hay que financiar adecuadamente la enseñanza pública, hay que protegerla de los recortes presupuestarios y de las consecuencias de la mala gestión de la crisis económica por lo que  concluimos lo siguiente:

- Que la educación es una inversión, no un gasto. Por tanto, los recortes educativos constituyen un gran error que hipotecará el futuro de varias generaciones de jóvenes, más necesitados que nunca de formación.

- Que la política de recortes es en realidad una estrategia para robar recursos a la escuela pública en beneficio de los intereses privados.

-  Que todas las medidas que se están tomando van en contra del derecho a la educación y son anticonstitucionales. Por eso las movilizaciones actuales van más allá de una lucha en defensa del profesorado. Se trata del ataque a la escuela pública y a lo público, a lo común y a lo colectivo. Es un problema social que nos compete a todos los ciudadanos.

Por todo ello, la comunidad educativa de San Bartolomé de Tirajana exige de ésta Consejería de Educación del Gobierno de Canarias; del Gobierno de Canarias, así como del Gobierno del Estado lo siguiente:

El mantenimiento sin condiciones de la enseñanza pública de calidad, y universal tal como viene establecida en la Constitución Española y por tanto la retirada inmediata de las normas reguladoras de los recortes educativos.