EFE / Madrid--C7 /Las Palmas
La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) ha acusado este lunes al Gobierno de aprovechar la crisis para recortar o anular derechos y ha criticado que las administraciones públicas puedan suspender la aplicación de un convenio o modificarlo.
En un comunicado, la UPIT se refiere al real decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que, entre otras cosas, posibilita a las administraciones públicas la suspensión o modificación "excepcional" de los convenios colectivos y acuerdos que afecten a su personal laboral.
La UPIT indica que el problema es que el real decreto no sólo suspende acuerdos ya firmados, sino que modifica leyes que afectan a los funcionarios "y todo ello sin consulta o negociación".
Asimismo, subraya que estas medidas serán la primera parte de un plan más ambicioso que incluye "rebaja generalizada de salarios de las administraciones públicas, desprofesionalización de la función pública, privatización y control rígido de las representaciones de los trabajadores".
Además, aboga por que para reducir costes innecesarios se empiece por eliminar aquellos puestos en los que, sin respetar los principios de mérito y capacidad, se ha sustituido a funcionarios por asesores o por personal de confianza.
La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) ha acusado este lunes al Gobierno de aprovechar la crisis para recortar o anular derechos y ha criticado que las administraciones públicas puedan suspender la aplicación de un convenio o modificarlo.
En un comunicado, la UPIT se refiere al real decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que, entre otras cosas, posibilita a las administraciones públicas la suspensión o modificación "excepcional" de los convenios colectivos y acuerdos que afecten a su personal laboral.
La UPIT indica que el problema es que el real decreto no sólo suspende acuerdos ya firmados, sino que modifica leyes que afectan a los funcionarios "y todo ello sin consulta o negociación".
Asimismo, subraya que estas medidas serán la primera parte de un plan más ambicioso que incluye "rebaja generalizada de salarios de las administraciones públicas, desprofesionalización de la función pública, privatización y control rígido de las representaciones de los trabajadores".
Además, aboga por que para reducir costes innecesarios se empiece por eliminar aquellos puestos en los que, sin respetar los principios de mérito y capacidad, se ha sustituido a funcionarios por asesores o por personal de confianza.
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